Mientras caminamos hacia un nuevo acto electoral recorriendo un camino regado de denuncias sospechadas, seguramente inconducentes para lograr un equilibrio legislativo que cambie la existencia de bloques parlamentarios autoritarios y sin independencia del poder ejecutivo.
Nos encontramos, en nuestra zona, bombardeados por los medios, con origen avasallador en la Capital Federal, con publicidad y posiciones de candidatos que no podremos votar por no ser cordobeses. Debemos actuar con responsabilidad cívica e informarnos sobre quienes serán los cordobeses que nos garantizarán no dotar al gobierno de herramientas tendenciosas.
Un párrafo sobre los, para mí, mal llamados “candidatos testimoniales”, una categoría exclusiva de la política argentina. Son todos aquellos que ostentando un cargo ejecutivo (gobernadores, intendentes) se postulan para cargos legislativos que no asumirían una vez concretado el comicio consagratorio. El accionar de estos personajes públicos debiera ser encuadrado como “intento de estafa electoral”, que de ser concretada se los debiera penar severamente prohibiéndoles la posibilidad de desempeñar cargos públicos en el futuro. ¿Se animará la corporación política darle a la justicia las herramientas necesarias para una pena ejemplificadora? Sigo soñando.
Con criterios parlamentarios sumisos y el número suficiente de legisladores disciplinados se ha logrado aprobar los “súper poderes”, una facultad con franquicia criolla propia de los sistemas absolutistas incompatibles con una democracia integra.
Los “poderes superiores”, otorgados por los parlamentarios justicialistas y sus aliados, alguno ellos han mutado al anti kirchnerismo, han permitido a los actuales funcionarios actuar con impunidad administrativa que se ve reflejada en el tratamiento dado a las provincias que no piensan igual que el matrimonio gobernante. Debiera saberse que el diálogo y el disenso son valores fundacionales de la democracia.
Esta potestad gubernativa se ve patentizada en el omnipotente Ministerio de Planificación, más fácil de ubicar si les digo que el mismo es comandado por el Ministro arquitecto Julio De Vido.
Este Ministerio, correctamente llamado de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dispone del 15,50% de los gastos totales de la administración nacional, lo que traducido en pesos se debe leer 36.000 millones de pesos, lo que genera una procesión al santuario patagónico de quienes pretenden verse colmado por los favores del súper ministro. No siempre justos.
De este esquema surge que el Ministerio de Planificación, por sus distintos programas ha comprometido, al 17/05/2009, $ 58,00 por habitante bonaerense, $ 32,00 por cada cordobés, seguramente condicionados por la línea política interna zigzagueante elegida por el señor gobernador. Mucho peor le va a los santafecinos, quienes por tener un gobierno de otro partido recibieron $ 14,00 o a los hermanos puntanos, que por portación de identificación saadista, debieron conformarse al asignárseles, tan solo, $ 19,00, siempre por habitante.
Pero quienes fueron capaces de anticipar sus elecciones locales hicieron un gran negocio. El ministro, según los datos de la ejecución presupuestaria, hizo una significativa inversión, con escaso retorno electoral, en Catamarca disponiendo $ 117,00. Pero mejoró su puntería en Santiago del Estero donde asignó $ 178,00 con una ganancia electoral que debe haber conformado al comando político nacional. Resulta una obviedad contarles que la provincia más beneficiada resultó Santa Cruz con $ 721,00. Les pido sigan las cifras para que les resulte más fácil resolver su responsabilidad ciudadana.
Otro caso llamativo es el del Ministerio del Interior, conducido por el Ministro Florencio Randazzo, que opera como agente de prensa del poder ejecutivo, quien ejecutó los recursos disponibles, al 17 de Mayo, en la subjurisdicción con criterios para nada objetivos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, recibió un 566% más que nuestra provincia, proporcionalmente al número de habitantes. Otra, Córdoba vio como la provincia de Santiago del Estero, en donde el oficialismo ganó la elección provincial, era agraciada con $ 2.945.000, mientras los mediterráneos debíamos conformarnos con $ 1.149.000. Sería igualmente comprobable la iniquidad manifiesta con otros distritos no oficialistas.
Sería bueno conocer, aunque sea después del 28 de junio junto a la autocrítica del gobierno que prometió el colaborador Randazzo, los criterios usados por el señor ministro para repartir los dineros públicos en caso de no ser así se podría interpretar que actúa guiado por los intereses políticos bonaerenses, distrito cada vez más codiciado desde que se reformó nuestra sabia constitución de 1853.
Debemos reafirmar nuestra condición de ciudadanos para conseguir terminar con estas prácticas indeseadas, somos los únicos responsables. La otra actitud es no quejarnos.
Nos encontramos, en nuestra zona, bombardeados por los medios, con origen avasallador en la Capital Federal, con publicidad y posiciones de candidatos que no podremos votar por no ser cordobeses. Debemos actuar con responsabilidad cívica e informarnos sobre quienes serán los cordobeses que nos garantizarán no dotar al gobierno de herramientas tendenciosas.
Un párrafo sobre los, para mí, mal llamados “candidatos testimoniales”, una categoría exclusiva de la política argentina. Son todos aquellos que ostentando un cargo ejecutivo (gobernadores, intendentes) se postulan para cargos legislativos que no asumirían una vez concretado el comicio consagratorio. El accionar de estos personajes públicos debiera ser encuadrado como “intento de estafa electoral”, que de ser concretada se los debiera penar severamente prohibiéndoles la posibilidad de desempeñar cargos públicos en el futuro. ¿Se animará la corporación política darle a la justicia las herramientas necesarias para una pena ejemplificadora? Sigo soñando.
Con criterios parlamentarios sumisos y el número suficiente de legisladores disciplinados se ha logrado aprobar los “súper poderes”, una facultad con franquicia criolla propia de los sistemas absolutistas incompatibles con una democracia integra.
Los “poderes superiores”, otorgados por los parlamentarios justicialistas y sus aliados, alguno ellos han mutado al anti kirchnerismo, han permitido a los actuales funcionarios actuar con impunidad administrativa que se ve reflejada en el tratamiento dado a las provincias que no piensan igual que el matrimonio gobernante. Debiera saberse que el diálogo y el disenso son valores fundacionales de la democracia.
Esta potestad gubernativa se ve patentizada en el omnipotente Ministerio de Planificación, más fácil de ubicar si les digo que el mismo es comandado por el Ministro arquitecto Julio De Vido.
Este Ministerio, correctamente llamado de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dispone del 15,50% de los gastos totales de la administración nacional, lo que traducido en pesos se debe leer 36.000 millones de pesos, lo que genera una procesión al santuario patagónico de quienes pretenden verse colmado por los favores del súper ministro. No siempre justos.
De este esquema surge que el Ministerio de Planificación, por sus distintos programas ha comprometido, al 17/05/2009, $ 58,00 por habitante bonaerense, $ 32,00 por cada cordobés, seguramente condicionados por la línea política interna zigzagueante elegida por el señor gobernador. Mucho peor le va a los santafecinos, quienes por tener un gobierno de otro partido recibieron $ 14,00 o a los hermanos puntanos, que por portación de identificación saadista, debieron conformarse al asignárseles, tan solo, $ 19,00, siempre por habitante.
Pero quienes fueron capaces de anticipar sus elecciones locales hicieron un gran negocio. El ministro, según los datos de la ejecución presupuestaria, hizo una significativa inversión, con escaso retorno electoral, en Catamarca disponiendo $ 117,00. Pero mejoró su puntería en Santiago del Estero donde asignó $ 178,00 con una ganancia electoral que debe haber conformado al comando político nacional. Resulta una obviedad contarles que la provincia más beneficiada resultó Santa Cruz con $ 721,00. Les pido sigan las cifras para que les resulte más fácil resolver su responsabilidad ciudadana.
Otro caso llamativo es el del Ministerio del Interior, conducido por el Ministro Florencio Randazzo, que opera como agente de prensa del poder ejecutivo, quien ejecutó los recursos disponibles, al 17 de Mayo, en la subjurisdicción con criterios para nada objetivos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, recibió un 566% más que nuestra provincia, proporcionalmente al número de habitantes. Otra, Córdoba vio como la provincia de Santiago del Estero, en donde el oficialismo ganó la elección provincial, era agraciada con $ 2.945.000, mientras los mediterráneos debíamos conformarnos con $ 1.149.000. Sería igualmente comprobable la iniquidad manifiesta con otros distritos no oficialistas.
Sería bueno conocer, aunque sea después del 28 de junio junto a la autocrítica del gobierno que prometió el colaborador Randazzo, los criterios usados por el señor ministro para repartir los dineros públicos en caso de no ser así se podría interpretar que actúa guiado por los intereses políticos bonaerenses, distrito cada vez más codiciado desde que se reformó nuestra sabia constitución de 1853.
Debemos reafirmar nuestra condición de ciudadanos para conseguir terminar con estas prácticas indeseadas, somos los únicos responsables. La otra actitud es no quejarnos.
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