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Cuando la limosna es grande...

El día jueves 19 de Marzo la presidente de la Nación, ante su habitual auditorio de aplaudidores, le comunicó al país que había resuelto participar a las provincias, y a través de ellas a las municipalidades, con un 30% de lo que perciba la Nación por derechos de exportación (retenciones) a la soja.
Fueron innumerables las expresiones de apoyo y rechazo a la medida. Especialmente del sector agropecuario que no ve soluciones para sus reclamos. Aunque todas las voces coincidían en darle la bienvenida a fondos frescos para las sufrientes tesorerías de los estados provinciales y municipales.
Cualquier observador bien intencionado sostendría que el gobierno nacional por cada cien pesos ($ 100,00) que recauda por la carga impositiva que sufre la venta de la soja al extranjero resignaría treinta pesos ($ 30,00) en pos del federalismo. Aplausos.
Pero es fácilmente demostrable que el desprendimiento federal, declamado por la máxima autoridad de la Nación, termina siendo falaz.
Así es que las empobrecidas municipalidades argentinas, a través de sus provincias, terminarán recibiendo QUINCE PESOS ($ 15,00) en lugar de los ampulosos treinta pesos ($30,00), conforme al sistema de reparto previsto en la ley.
Si nos atenemos a que la presidente manifestó que este nuevo recurso se comportará en el reparto de igual forma que el impuesto a los débitos y créditos bancarios (otra barbaridad impositiva), este nuevo Fondo Federal Solidario pasaría a integrar la masa coparticipable bruta.
Esta coparticipación bruta se verá disminuida por un 15% destinado al Sistema Nacional de Seguridad Social y otros gastos operativos y por un fondo para atender posibles desequilibrios fiscales provinciales.
Una vez realizada esta cuenta obtenemos la masa coparticipable neta la que será mermada por: un fondo para ser repartido en forma discrecional, los tan mentados A.T.N., los recursos captados por el tesoro nacional (40.24%) y por la participación de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (1,4%); y recién aparecen en el reparto las provincias que se quedan, en forma primaria; con un 57,36%.
Pero el “desguace” continúa, las municipalidades no participan de la transferencia de servicios, de lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Educativo y de algún otro rebusque provincial que integran la distribución primaria.
Amigos y amigas, debo cuidar las cuestiones de género siguiendo las formas presidenciales, de esta forma las 2.100 municipalidades, de todo el país, miran como treinta pesos se convierten en quince pesos. Posibilidades que nos brinda en exclusividad la economía argentina.
Pero hay más, cuando el exiguo 15% entra en la centrifugadora para separar las partes correspondiente a cada provincia comprobaremos que, por lo menos, nuestra provincia de Córdoba no es tan generosa con sus municipalidades. Veamos.
Por cada cien pesos ($ 100,00) que recauda por: impuesto inmobiliario, impuesto a los ingresos brutos y por coparticipación federal (se acuerda de la historia arriba relatada), se queda con ochenta pesos ($ 80,00) y reparte entre sus municipios y comunas veinte pesos ($ 20,00).
¿Sabe una cosa?, no se ría, tampoco le llegan los veinte pesos, por otra instancia de la repartija reciben dieciséis pesos con diez centavos ($ 16,10). Me detengo. No es justo seguir con esta participación en la tortura.
Es un sistema perfecto de dependencia política. Si nuestros pueblos necesitan algo deben recurrir humildemente a nuestros funcionarios-legisladores todopoderosos quienes signarán nuestros destinos.
Debemos repasar con detenimiento las agendas propuestas para las próximas elecciones parlamentarias y saber castigar democráticamente a quienes nos someten a penurias injustificadas.
No se resigne, se puede.

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