BASTA DE ATROPELLOS
por Luis A. Sigifredo
Festejo que los muchachos de la política que hace setenta días desconocían el
federalismo hoy, ante el cambio del signo político del gobierno federal, estén
convertidos en adalides de la lucha para conseguir mejoras en la repartija de los fondos
públicos que les corresponden a las provincias y a las municipalidades.
Lamentablemente los argentinos ya hemos internalizado que la ley, en nuestro país, no
siempre es respetada y en ese camino aceptamos con nuestro voto que se reemplace la
institución de la coparticipación por acuerdos que terminan permitiendo el manejo
discrecional de la caja de la plata. El imperio de la norma es reemplazado por el dictamen
de un jefe o jefa de turno quien resuelve sin más trámites que su opinión quienes serán
los beneficiarios del dinero de todos nosotros.
En nuestro país la relación económica entre la Nación y los distritos del interior está
reglamentada por la Ley de Coparticipación Federal la que determina que el 54,66% de
los recursos fiscales deben ser destinados a las provincias, cuidando que se respeten las
distintas realidades socio económicas de los distritos.
La recaudación de los recursos tributarios en el año 2015 alcanzó la llamativa suma de
un billón quinientos mil millones de pesos; una asombrosa cifra de doce ceros, o si le
gusta más millones de millones; cifra hija de la inflación galopante de los últimos años
e inimaginable hasta hace muy poco tiempo atrás y a la que tendremos que
acostumbrarnos a usar, por lo menos cuando hablemos de los números oficiales.
Siguiendo el mandato de la ley a las provincias les hubieran correspondido que en el año
2015 se les enviarán $ 820.000 millones de pesos mientras que se le giraron $ 416.000
millones. ¿qué paso? De todo. Como en unos pocos caracteres es imposible describir
todo lo que paso voy a intentar contarles los más flagrantes atropellos que se
cometieron contra el federalismo hoy defendido con tanto ahínco por muchos de los
que en su momento permitieron que se concretaran.
En el año 1993 se crearon las AFJP (Administradoras del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones) que significaron la privatización de las jubilaciones, pero como era necesario
seguir pagando las prestaciones de la clase pasiva que se había retirado antes de la
nueva modalidad de jubilatoria se dispuso que todas las provincias debían resignar un
15% de la coparticipación a esos fines. Todo bien hasta que, en diciembre del año 2008,
y a pesar de la negativa de muy buena parte de los cotizantes a las AFJP, el gobierno
kirchnerista resolvió rescatar el sistema tradicional de reparto disolviendo las
administradoras de fondos de jubilaciones. A pesar que con estas medidas había
desaparecido la necesidad de seguir reteniendo el 15% de los fondos pertenecientes a
las provincias se continuo con este descuento que significó un avasallamiento a los
derechos de los distritos a pesar de lo cual la gran mayoría de los gobernadores nunca
se acordaron de reclamar hasta que la Presidente Fernández, a pocos días de terminar
su mandato, tuvo un repentino ataque de federalismo resolviendo que se debía
devolver a las provincias casi 7.000 millones de pesos por mes a valores del último mes.
Hasta el final del año 2015 en nuestro país se daba la particularidad que los funcionarios
políticos se reinventaron permanentemente hasta constituirse en una casta que solo es
dejada fuera de fuego por leyes biológicas, además estos personajes tienen la
particularidad de ser indistintamente incendiarios y bomberos, prenden fuego y de
repente se constituyen en abnegados servidores públicos. En este marco un buen día
estos personajes perennes resolvieron que el estado sería socio del campo argentino
quien debería aportar a la sociedad constituida un 30% del valor de venta de la soja, un
negocio que en el último año les permitió juntar 52,5 mil millones de los que
participaron a las provincias y municipalidades con 16 mil millones para hacer obras. Me
gustaría preguntarle a algún responsable de este armado mágico ¿qué obra se puede
hacer en la localidad de Noetinger con $ 60.000 mensuales? Lo cierto es que una vez
más pisotearon el federalismo.
Lo cierto es que si se respetará la ley una mitad de los recursos debieran ser para las
provincias y municipalidades y la otra para la Nación, en este esquema legal a nuestra
municipalidad, en el año 2015, le hubieran correspondido algo de 32 millones de pesos,
en lugar de los dieciocho cobrados y nos habría alcanzado para construir viviendas
sociales, parte de la obra de cloacas, y mucho más, todo por ley, teniendo solamente
que esperar el depósito y no teniendo que distraer el tiempo de los intendentes en
trámites burocráticos e insufribles.
Las Municipalidades son el último eslabón del federalismo y quienes están más cerca de
las necesidades de la población y por lo tanto sería inteligente que el gasto público sea
resuelto mayoritariamente por los municipios a los que previamente la ley debiera
adecuar su funcionamiento a la nueva situación y no permitir la reelección indefinida de
sus intendentes.
Por otra parte, los vecinos de las 2.200 municipalidades del país tendríamos que hacer
una implacable autocrítica por no usar con convicción democrática las herramientas de
la democracia semi directa o participativa, previstas en la ley; peticionar, debatir,
proponer, convertirnos en celosos custodios de la disposición del gasto.
Estoy seguro que con un verdadero federalismo que se puede lograr acercando la
administración de la plata al pueblo estaríamos reafirmando los principios
constitucionales y pegándole un golpe de nocaut a la corrupción.
por Luis A. Sigifredo
Festejo que los muchachos de la política que hace setenta días desconocían el
federalismo hoy, ante el cambio del signo político del gobierno federal, estén
convertidos en adalides de la lucha para conseguir mejoras en la repartija de los fondos
públicos que les corresponden a las provincias y a las municipalidades.
Lamentablemente los argentinos ya hemos internalizado que la ley, en nuestro país, no
siempre es respetada y en ese camino aceptamos con nuestro voto que se reemplace la
institución de la coparticipación por acuerdos que terminan permitiendo el manejo
discrecional de la caja de la plata. El imperio de la norma es reemplazado por el dictamen
de un jefe o jefa de turno quien resuelve sin más trámites que su opinión quienes serán
los beneficiarios del dinero de todos nosotros.
En nuestro país la relación económica entre la Nación y los distritos del interior está
reglamentada por la Ley de Coparticipación Federal la que determina que el 54,66% de
los recursos fiscales deben ser destinados a las provincias, cuidando que se respeten las
distintas realidades socio económicas de los distritos.
La recaudación de los recursos tributarios en el año 2015 alcanzó la llamativa suma de
un billón quinientos mil millones de pesos; una asombrosa cifra de doce ceros, o si le
gusta más millones de millones; cifra hija de la inflación galopante de los últimos años
e inimaginable hasta hace muy poco tiempo atrás y a la que tendremos que
acostumbrarnos a usar, por lo menos cuando hablemos de los números oficiales.
Siguiendo el mandato de la ley a las provincias les hubieran correspondido que en el año
2015 se les enviarán $ 820.000 millones de pesos mientras que se le giraron $ 416.000
millones. ¿qué paso? De todo. Como en unos pocos caracteres es imposible describir
todo lo que paso voy a intentar contarles los más flagrantes atropellos que se
cometieron contra el federalismo hoy defendido con tanto ahínco por muchos de los
que en su momento permitieron que se concretaran.
En el año 1993 se crearon las AFJP (Administradoras del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones) que significaron la privatización de las jubilaciones, pero como era necesario
seguir pagando las prestaciones de la clase pasiva que se había retirado antes de la
nueva modalidad de jubilatoria se dispuso que todas las provincias debían resignar un
15% de la coparticipación a esos fines. Todo bien hasta que, en diciembre del año 2008,
y a pesar de la negativa de muy buena parte de los cotizantes a las AFJP, el gobierno
kirchnerista resolvió rescatar el sistema tradicional de reparto disolviendo las
administradoras de fondos de jubilaciones. A pesar que con estas medidas había
desaparecido la necesidad de seguir reteniendo el 15% de los fondos pertenecientes a
las provincias se continuo con este descuento que significó un avasallamiento a los
derechos de los distritos a pesar de lo cual la gran mayoría de los gobernadores nunca
se acordaron de reclamar hasta que la Presidente Fernández, a pocos días de terminar
su mandato, tuvo un repentino ataque de federalismo resolviendo que se debía
devolver a las provincias casi 7.000 millones de pesos por mes a valores del último mes.
Hasta el final del año 2015 en nuestro país se daba la particularidad que los funcionarios
políticos se reinventaron permanentemente hasta constituirse en una casta que solo es
dejada fuera de fuego por leyes biológicas, además estos personajes tienen la
particularidad de ser indistintamente incendiarios y bomberos, prenden fuego y de
repente se constituyen en abnegados servidores públicos. En este marco un buen día
estos personajes perennes resolvieron que el estado sería socio del campo argentino
quien debería aportar a la sociedad constituida un 30% del valor de venta de la soja, un
negocio que en el último año les permitió juntar 52,5 mil millones de los que
participaron a las provincias y municipalidades con 16 mil millones para hacer obras. Me
gustaría preguntarle a algún responsable de este armado mágico ¿qué obra se puede
hacer en la localidad de Noetinger con $ 60.000 mensuales? Lo cierto es que una vez
más pisotearon el federalismo.
Lo cierto es que si se respetará la ley una mitad de los recursos debieran ser para las
provincias y municipalidades y la otra para la Nación, en este esquema legal a nuestra
municipalidad, en el año 2015, le hubieran correspondido algo de 32 millones de pesos,
en lugar de los dieciocho cobrados y nos habría alcanzado para construir viviendas
sociales, parte de la obra de cloacas, y mucho más, todo por ley, teniendo solamente
que esperar el depósito y no teniendo que distraer el tiempo de los intendentes en
trámites burocráticos e insufribles.
Las Municipalidades son el último eslabón del federalismo y quienes están más cerca de
las necesidades de la población y por lo tanto sería inteligente que el gasto público sea
resuelto mayoritariamente por los municipios a los que previamente la ley debiera
adecuar su funcionamiento a la nueva situación y no permitir la reelección indefinida de
sus intendentes.
Por otra parte, los vecinos de las 2.200 municipalidades del país tendríamos que hacer
una implacable autocrítica por no usar con convicción democrática las herramientas de
la democracia semi directa o participativa, previstas en la ley; peticionar, debatir,
proponer, convertirnos en celosos custodios de la disposición del gasto.
Estoy seguro que con un verdadero federalismo que se puede lograr acercando la
administración de la plata al pueblo estaríamos reafirmando los principios
constitucionales y pegándole un golpe de nocaut a la corrupción.
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