El federalismo
es un sistema político en el cual las funciones están repartidas proporcionalmente
entre un gobierno central y varios estados asociados.
En nuestro
país el reparto debe atenerse a las disposiciones de la constitución que
determina la existencia de estados provinciales y municipales autónomos. Las
municipalidades a la vez ven asegurada esa autonomía en las cartas magnas
provinciales.
Es decir que
los estados locales, pueblos o ciudades, deben tener la plena capacidad para
resolver sus cuestiones gozando de una autarquía plena, sin condicionamientos
de ninguna naturaleza.
Inclusive
existe alguna doctrina que aconseja que el gasto público sea ejecutado
mayoritariamente por las administraciones municipales ya que la cercanía del
poder con los ciudadanos genera una mayor transparencia en las actividades
públicas.
En la
Argentina nada de esto se cumple. Rige un centralismo morboso donde los
gobernadores y jefes comunales que demuestren ser obedientes, a los designios
del gobierno nacional, reciben lo que les pertenece por ley, toda una sinrazón
que deja muy pocos caminos abiertos a las administraciones municipales. En
nuestro país se está burlando los límites de un sistema político con rango
constitucional, mientras los ejecutores de esta violación reciben tibios retos
por parte de un poder judicial que es nuestra última protección pero que parece
haber perdido la necesaria independencia.
El gobierno
nacional ha sellado está forma excluyente de actuar haciendo desaparecer la
información de la ejecución presupuestaria en la parte que nos permitía saber a
qué lugar geográfico iba a parar la plata de todos los argentinos. Dando
nacimiento, de esta forma, a un nuevo
mapa de la Argentina donde las regiones están identificadas por dos colores; el
del sometimiento y el del ostracismo. Paralelamente, con esta medida, se está
desactivando progresivamente el arma más eficaz en la lucha contra la
corrupción.
Otro eslabón
de esta cadena federal lo constituyen las provincias y el gobernador de nuestra
provincia mediterránea ha demostrado estar dispuesto a dar lucha por los
principios federales, al ver sometida a
nuestra jurisdicción a transitar el calvario que significa la retención de
nuestra propia plata. Mientras tanto la tesorería de la provincia de Córdoba
está sufriendo un quiebre económico fruto de sucesivas y pésimas administraciones
que actuaron en forma excluyente en la realización de obras que significaron un
atraso en el desarrollo de las comunidadades y claras desventajas económicas,
alejando posibles inversiones que significan la creación de fuentes de trabajo
que constituyen la mayor riqueza que se pueda generar.
Para brindar
un ejemplo de la mora en la obra pública habría que mencionar lo sucedido en la
centenaria localidad de Noetinger; que desde la aparición del parlanchín Ing.
Martín, bendecido por el políticamente desaparecido Dr. Carbonetti; lleva casi
nueve años esperando el comienzo de la obra que la tendría que surtir, a la
localidad, del ya echado de menos gas natural (ojalá no tengamos que
organizarle la fiesta “de los quince”).
Toda está
situación económica se enmarca en una situación política en el orden provincial,
que resultaba impensada meses atrás, con la posibilidad que salten el charco
(¿se acordaran las huestes delasotistas del latiguillo?) varios intendentes cansados
de promesas incumplidas a quienes les truenan los teléfonos pasándoles facturas
por servicios prestados y recordándoles las pretensiones presidencialistas del “gallego”.
En el último
peldaño de este federalismo “centralizado” están precisamente los intendentes
que entre la Nación y la Provincia los han convertido en funcionarios
mendicantes tironeados por lealtades y la plata del gobierno central, que será
repartida con criterios caprichosos y que hoy continua siendo disfrutada en
forma escandalosamente desproporcionada por los que actúan como agentes
reclutadores. Ante esta situación se nota que los intendentes municipales van
regalando su autonomía ante el riesgo de transitar por gestiones
intrascendentes limitadas a repartir los recursos escasos ante demandas
múltiples.
Es cierto que
hoy pareciera que no son tantos los administradores de las comarcas cordobesas
que han decidido ser totalmente obedientes a los mandatos de la jefatura
política nacional pero todo indicaría que en poco tiempo serían más los
convertidos tentados con cifras demasiadas seductoras. Casi 2.000 millones de
pesos esperan para ser destinados a vivienda e infraestructura para ellas, con
los que se terminarían 52.719 viviendas y 79.437 estarían en construcción, al
finalizar el año 2013; 532 millones de pesos fueron presupuestados para ser
destinados a la más variada clase de
obra pública en los municipios. Con esta danza de 507 mil millones que se van
gastando en el reino del desorden
sería lógico que aumente la cantidad de jefes comunales encolumnados en las
filas del antojadizo ¿proyecto? popular y nacional.
Desconocimiento
de la ley, ocultamiento de información pública, desfinanciamiento de provincias
desobedientes, desprolijo e inequitativo reparto del dinero público; todas
conductas que apuntan al año 2013, cuando se realizarán elecciones legislativas,
intentando contar con el número mágico de 170 congresales, en la cámara de
diputados, y 48 senadores. Estos parlamentarios constituirían una mayoría
especial que le permitiría al partido del gobierno imponer la posibilidad de
reelegir indefinidamente a nuestra máxima autoridad. Mientras tanto veremos con
seguridad a una presidente mesurada cuando se refiera a la posibilidad de
continuar en el poder.
Todos los que
queremos una democracia responsable y mucho más equitativa debemos comenzar a
militar en favor del equilibrio del poder evitando que se concreten sueños
mesiánicos.
Comentarios