Nos vamos acostumbrando a escuchar palabras, o frases, no habituales en nuestro lenguaje cotidiano.
Facultades delegadas, superpoderes, reasignación de partidas. Todas estás acciones, y algunas más, llevan a nuestros dirigentes a cometer abusos con nuestros recursos, produciendo la reincidencia de una patología, ¿incurable?, el gasto público excesivo. Gasto ineficaz e improductivo. Un ejemplo demostrativo, nuestra provincia lleva gastados 12 millones de pesos, solo en una partida accesoria, en realizar un censo poblacional del cual solo se tienen, luego de un año, resultados parciales y provisorios. Es indudable se continúa con el despilfarro ancestral en gastos corrientes.
Es una verdadera lástima que nuestra esclarecida clase dirigente no termine de asimilar al ahorro como principio básico de cualquier doctrina económica racional, sea de izquierda o derecha, progresista o conservadora.
En nuestra provincia el poder ejecutivo también goza de súper poderes, no es la excepción, otorgados por legisladores que constituyen mayorías surgidas de prácticas clientelares sustentadas en un insoportable intercambio de favores onerosos que terminan generando deudas que están hipotecando el futuro. Solamente la administración central adeuda 1.800 millones de dólares. Sin considerar todas las empresas y organismos provinciales paralelos. La administración cordobesa quedó debiendo, en el año 2008, más de 500 millones de pesos. Pero no se preocupe por la solución, vamos a emitir un nuevo bono de deuda que paliará aproximadamente ese monto. Cuanta habilidad para las cuentas, que fácil es administrar.
Por favor no se olvide que los recursos para sostener la obra pública, en buena proporción, se cursan por otra vía, la ACIF – Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento cuya deuda alcanza 1.606 millones de pesos. Otra avivada criolla por la cual le se le escapa a la transparencia de la información a la cual tenemos derecho los ciudadanos de a pie.
Es cierto que a todas estas acciones pueden gozar de legalidad pero jamás podrán disfrutar de legitimidad.
La última ejecución presupuestaria anual certifica que por simples resoluciones emergentes de funcionarios esclarecidos se rectifico el presupuesto en 1.468 millones, un 18% del total de las erogaciones originariamente autorizadas. Si estimado lector, una quinta parte se resolvió en forma privada.
En el 2003, año marcado como electoral y distinguido por una incipiente mejoría económica, nuestra provincia en su presupuesto estimo necesario abonar salarios a una planta de personal permanente de la administración general de 61.000 agentes. El presupuesto del año 2008, que se elaboró en plena campaña electoral 2007, previó que los empleados de nuestra provincia fueran 80.294, marcando un significativo 32% de crecimiento. Una vez más los administradores en lugar de practicar el ahorro prefirieron continuar con el raquitismo de las cuentas públicas. La actual ejecución presupuestaria, en el mismo rubro, indica 85.313 dependientes.
Es cierto que algunos cargos por pertenecer a finalidades que el estado no debe desatender se pueden justificar y hasta aplaudir, pero se observan perlitas que nos pueden llevar a un nivel de indignación límite. El agrupamiento autoridades superiores creció en el año corriente un 69,5% y si su capacidad de tolerancia aun no ha sido desbordada tiene que saber que la administración general provincial cobija 125% más de empleados, comparados con los 1.100 del presupuesto 2003.
Solo nos resta esperar que todos los beneficiados por esta ola ocupacional hayan superado las exigencias impuestas por la legislación haciendo honor a la igualdad de oportunidades.
Facultades delegadas, superpoderes, reasignación de partidas. Todas estás acciones, y algunas más, llevan a nuestros dirigentes a cometer abusos con nuestros recursos, produciendo la reincidencia de una patología, ¿incurable?, el gasto público excesivo. Gasto ineficaz e improductivo. Un ejemplo demostrativo, nuestra provincia lleva gastados 12 millones de pesos, solo en una partida accesoria, en realizar un censo poblacional del cual solo se tienen, luego de un año, resultados parciales y provisorios. Es indudable se continúa con el despilfarro ancestral en gastos corrientes.
Es una verdadera lástima que nuestra esclarecida clase dirigente no termine de asimilar al ahorro como principio básico de cualquier doctrina económica racional, sea de izquierda o derecha, progresista o conservadora.
En nuestra provincia el poder ejecutivo también goza de súper poderes, no es la excepción, otorgados por legisladores que constituyen mayorías surgidas de prácticas clientelares sustentadas en un insoportable intercambio de favores onerosos que terminan generando deudas que están hipotecando el futuro. Solamente la administración central adeuda 1.800 millones de dólares. Sin considerar todas las empresas y organismos provinciales paralelos. La administración cordobesa quedó debiendo, en el año 2008, más de 500 millones de pesos. Pero no se preocupe por la solución, vamos a emitir un nuevo bono de deuda que paliará aproximadamente ese monto. Cuanta habilidad para las cuentas, que fácil es administrar.
Por favor no se olvide que los recursos para sostener la obra pública, en buena proporción, se cursan por otra vía, la ACIF – Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento cuya deuda alcanza 1.606 millones de pesos. Otra avivada criolla por la cual le se le escapa a la transparencia de la información a la cual tenemos derecho los ciudadanos de a pie.
Es cierto que a todas estas acciones pueden gozar de legalidad pero jamás podrán disfrutar de legitimidad.
La última ejecución presupuestaria anual certifica que por simples resoluciones emergentes de funcionarios esclarecidos se rectifico el presupuesto en 1.468 millones, un 18% del total de las erogaciones originariamente autorizadas. Si estimado lector, una quinta parte se resolvió en forma privada.
En el 2003, año marcado como electoral y distinguido por una incipiente mejoría económica, nuestra provincia en su presupuesto estimo necesario abonar salarios a una planta de personal permanente de la administración general de 61.000 agentes. El presupuesto del año 2008, que se elaboró en plena campaña electoral 2007, previó que los empleados de nuestra provincia fueran 80.294, marcando un significativo 32% de crecimiento. Una vez más los administradores en lugar de practicar el ahorro prefirieron continuar con el raquitismo de las cuentas públicas. La actual ejecución presupuestaria, en el mismo rubro, indica 85.313 dependientes.
Es cierto que algunos cargos por pertenecer a finalidades que el estado no debe desatender se pueden justificar y hasta aplaudir, pero se observan perlitas que nos pueden llevar a un nivel de indignación límite. El agrupamiento autoridades superiores creció en el año corriente un 69,5% y si su capacidad de tolerancia aun no ha sido desbordada tiene que saber que la administración general provincial cobija 125% más de empleados, comparados con los 1.100 del presupuesto 2003.
Solo nos resta esperar que todos los beneficiados por esta ola ocupacional hayan superado las exigencias impuestas por la legislación haciendo honor a la igualdad de oportunidades.
Comentarios