En la portada del semanario Noetinger Hoy, del día 12 de Febrero, se marcan accidentalmente, mediante los títulos de dos notas, las perpetuas inequidades en el reparto del dinero público en la Argentina.
Por un lado se informa que en la ciudad de Leones se inicia la circunvalación, una obra que significará una inversión de 25 millones de pesos, autorizada y financiada por el tesoro nacional.
Más arriba leemos los dichos del presidente del Concejo Deliberante de Noetinger que, además de manifestar su arrepentimiento de haber integrado la lista electoral que llevó al frente del municipio al actual Intendente, marca como un déficit de la actual gestión el no haberse dado solución al añejo problema del tránsito pesado que destruye calles, molesta y llegó a afectar estructuras edilicias, situación que se vería agravada por la próxima cosecha del “yuyo”.
Ambos Intendentes tienen una misma identificación partidaria-ideológica que les permitió estar en la misma senda para la elección del gobernador (setiembre de 2007) bajo el sello de Unión por Córdoba.
Las urgencias y necesidades electorales hicieron que al mes siguiente, el jefe municipal de Noetinger, se alistara en las filas kirchneristas del Frente Grande; sin saber, por lo menos, públicamente cual es su paradero partidario actual. Todo esto evidentemente le restó capacidad acomodaticia.
Los vaivenes muchas veces incomprensibles de la política le permitieron que en las elecciones legislativas, de Junio de 2009, el intendente leonense ostentara, en representación del Frente para la Victoria (génesis del movimiento “pingüino”), una candidatura a Senador Nacional por nuestra provincia.
Como resultado de todos estos meneos políticos-electorales el intendente de Leones logró, entre otras cosas, que se destinen fondos, equivalentes a dos presupuestos anuales de la localidad de Noetinger, para obras de infraestructura siempre bienvenidas. Al mismo tiempo que los impotentes vecinos de Noetinger seguiremos padeciendo la falta de una vía circundante, y necesidades más acuciantes, vaya a saber por cuanto tiempo más.
Destacados los merecimientos de cada administración comunal, circunstancialmente comparadas, y extendiendo el análisis a todo el territorio de nuestro país, cabe preguntarse ¿es este el método adecuado para distribuir los recursos nacionales?
Terminantemente no. Los métodos de distribución, entre otras virtudes, deben estar siempre exentos de cualquier sospecha de parcialidad.
Las instituciones argentinas se deben un debate, ya impostergable, sobre la manera más justa de prorratear los tributos que aportan todos los argentinos. Hasta tanto se resuelva la histórica porfía es necesario conocer que hay una ley vigente que estipula que el 34% de la recaudación impositiva nacional se debe repartir sin reparos de ningún tipo.
En el año 2009 se desconoció, por parte del gobierno nacional, la obligación legal distribuyendo apenas un 25% de lo cobrado. Una vez más se ignoró la Ley. Casi nada.
Siguiendo el estilo de mis columnas intentaré ilustrar a los lectores sobre datos no siempre disponibles. La torta de los recursos tributarios nacionales del año 2009 fue de $ 305.000 millones. Como consecuencia de recaudar, entre otros tributos, impuestos (IVA, ganancias, etc., etc., etc.) por un total de $ 189.445 millones; dentro del título se destaca el llamado, popularmente, impuesto al cheque que le permitió a los cajeros hacerse de $ 20.000 millones y por los tan mentados derechos de exportación (parte significativa generados por el campo) $ 32.000 millones. Opacados por los superlativos 36.000 millones obtenidos en el año 2008.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios es una demostración del reparto antojadizo de los dineros públicos. De cada $ 100,00 recaudados a las provincias le llegan solo $ 15,00. Mientras que los pueblos, comunas y ciudades de la provincia de Córdoba se tienen que conformar con $ 0,27; como consecuencia de una coparticipación, nacional y provincial, mezquina a pesar del recitado floreado sobre el federalismo.
Si esta imposición fuera repartida totalmente, aun siguiendo los opinables índices actuales, se recibirían $ 49,00 por cada cien. A nuestra comunidad le significarían agregar $ 350 mil a su injustificadamente postergado presupuesto anual. En definitiva, serían $ 8.000 millones más que pasarían a los pueblos autóctonos, mientras que perderían capacidad de resolución iluminados funcionarios. Significaría poner freno, en una ínfima parte, a arbitrariedades manifiestas.
Otra discusión se viene dando es por la creación de Fondo del Bicentenario cuyo núcleo es la posibilidad que burócratas omnipresentes resuelvan el destino caprichoso de hasta 70.000 millones de pesos. Pudiendo terminar todo en un despilfarro con impredecibles consecuencias para el futuro económico del país que se empecina en tropezar dos veces con la misma piedra.
Académicos argentinos sostienen, agregando argumentos para mejorar la distribución de la hacienda pública, que las decisiones del gasto público se deben tomar lo más cerca posible de las municipalidades por dos motivos: son las administraciones locales las que mejor conocen las prioridades del terruño y se garantiza un mejor control por la cercanía de la comunidad con los ámbitos de decisiones, al reducirse progresivamente la costosa e insondable burocracia.
A pesar de los datos concluyentes vemos a la clase dirigencial política de tierra adentro inmovilizada ante la posibilidad de conseguir una mayor justicia en la repartija; prefiriendo, en cambio, someterse a los designios de señores con poderes absolutos y hasta parecerían sobre naturales, postergando la independencia económica y de gestión de los pueblos.
Por un lado se informa que en la ciudad de Leones se inicia la circunvalación, una obra que significará una inversión de 25 millones de pesos, autorizada y financiada por el tesoro nacional.
Más arriba leemos los dichos del presidente del Concejo Deliberante de Noetinger que, además de manifestar su arrepentimiento de haber integrado la lista electoral que llevó al frente del municipio al actual Intendente, marca como un déficit de la actual gestión el no haberse dado solución al añejo problema del tránsito pesado que destruye calles, molesta y llegó a afectar estructuras edilicias, situación que se vería agravada por la próxima cosecha del “yuyo”.
Ambos Intendentes tienen una misma identificación partidaria-ideológica que les permitió estar en la misma senda para la elección del gobernador (setiembre de 2007) bajo el sello de Unión por Córdoba.
Las urgencias y necesidades electorales hicieron que al mes siguiente, el jefe municipal de Noetinger, se alistara en las filas kirchneristas del Frente Grande; sin saber, por lo menos, públicamente cual es su paradero partidario actual. Todo esto evidentemente le restó capacidad acomodaticia.
Los vaivenes muchas veces incomprensibles de la política le permitieron que en las elecciones legislativas, de Junio de 2009, el intendente leonense ostentara, en representación del Frente para la Victoria (génesis del movimiento “pingüino”), una candidatura a Senador Nacional por nuestra provincia.
Como resultado de todos estos meneos políticos-electorales el intendente de Leones logró, entre otras cosas, que se destinen fondos, equivalentes a dos presupuestos anuales de la localidad de Noetinger, para obras de infraestructura siempre bienvenidas. Al mismo tiempo que los impotentes vecinos de Noetinger seguiremos padeciendo la falta de una vía circundante, y necesidades más acuciantes, vaya a saber por cuanto tiempo más.
Destacados los merecimientos de cada administración comunal, circunstancialmente comparadas, y extendiendo el análisis a todo el territorio de nuestro país, cabe preguntarse ¿es este el método adecuado para distribuir los recursos nacionales?
Terminantemente no. Los métodos de distribución, entre otras virtudes, deben estar siempre exentos de cualquier sospecha de parcialidad.
Las instituciones argentinas se deben un debate, ya impostergable, sobre la manera más justa de prorratear los tributos que aportan todos los argentinos. Hasta tanto se resuelva la histórica porfía es necesario conocer que hay una ley vigente que estipula que el 34% de la recaudación impositiva nacional se debe repartir sin reparos de ningún tipo.
En el año 2009 se desconoció, por parte del gobierno nacional, la obligación legal distribuyendo apenas un 25% de lo cobrado. Una vez más se ignoró la Ley. Casi nada.
Siguiendo el estilo de mis columnas intentaré ilustrar a los lectores sobre datos no siempre disponibles. La torta de los recursos tributarios nacionales del año 2009 fue de $ 305.000 millones. Como consecuencia de recaudar, entre otros tributos, impuestos (IVA, ganancias, etc., etc., etc.) por un total de $ 189.445 millones; dentro del título se destaca el llamado, popularmente, impuesto al cheque que le permitió a los cajeros hacerse de $ 20.000 millones y por los tan mentados derechos de exportación (parte significativa generados por el campo) $ 32.000 millones. Opacados por los superlativos 36.000 millones obtenidos en el año 2008.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios es una demostración del reparto antojadizo de los dineros públicos. De cada $ 100,00 recaudados a las provincias le llegan solo $ 15,00. Mientras que los pueblos, comunas y ciudades de la provincia de Córdoba se tienen que conformar con $ 0,27; como consecuencia de una coparticipación, nacional y provincial, mezquina a pesar del recitado floreado sobre el federalismo.
Si esta imposición fuera repartida totalmente, aun siguiendo los opinables índices actuales, se recibirían $ 49,00 por cada cien. A nuestra comunidad le significarían agregar $ 350 mil a su injustificadamente postergado presupuesto anual. En definitiva, serían $ 8.000 millones más que pasarían a los pueblos autóctonos, mientras que perderían capacidad de resolución iluminados funcionarios. Significaría poner freno, en una ínfima parte, a arbitrariedades manifiestas.
Otra discusión se viene dando es por la creación de Fondo del Bicentenario cuyo núcleo es la posibilidad que burócratas omnipresentes resuelvan el destino caprichoso de hasta 70.000 millones de pesos. Pudiendo terminar todo en un despilfarro con impredecibles consecuencias para el futuro económico del país que se empecina en tropezar dos veces con la misma piedra.
Académicos argentinos sostienen, agregando argumentos para mejorar la distribución de la hacienda pública, que las decisiones del gasto público se deben tomar lo más cerca posible de las municipalidades por dos motivos: son las administraciones locales las que mejor conocen las prioridades del terruño y se garantiza un mejor control por la cercanía de la comunidad con los ámbitos de decisiones, al reducirse progresivamente la costosa e insondable burocracia.
A pesar de los datos concluyentes vemos a la clase dirigencial política de tierra adentro inmovilizada ante la posibilidad de conseguir una mayor justicia en la repartija; prefiriendo, en cambio, someterse a los designios de señores con poderes absolutos y hasta parecerían sobre naturales, postergando la independencia económica y de gestión de los pueblos.
Comentarios