Ganó el derecho ciudadano a la información.
Parece mentira que los vecinos de Noetinger hayamos estado tanto tiempo sin comunicación oficial de las disposiciones que nos rigen. Un pueblo no puede depender, aunque a veces pareciera satisfacernos, de la única fuente de información disponible: “el bar”.
El boletín oficial apareció acompañado de un comunicado de prensa ampuloso donde se anunciaba que conforme a la Ley se editaría el folleto informativo. Es oportuno que nos preguntemos; ¿el señor Intendente leyó el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal hace treinta días? Una respuesta afirmativa sería la única forma de explicarnos porque no se publicó nada durante más de siete años.
Ni bien vio la luz la circular nos permitió enterarnos que el Departamento Ejecutivo, en una medida legalmente inaceptable, resolvió modificar, por Decreto, sus remuneraciones y las de sus secretarios. De no contar con la información oficial nunca nos hubiéramos enterado, ni tampoco el propio Concejo Deliberante.
El señor Intendente y su gabinete íntimo han demostrado, lo denuncié oportunamente desde mi banca de concejal y ahora como ciudadano, que les molesta que los controlen. Deberían aceptar definitivamente que el control es uno de los sostenes de la democracia y que no son dueños de una empresa, son administradores transitorios de bienes públicos.
El día 19 de Abril pasado envíe notas al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante, ambas sin respuestas. En ellas a la jefatura municipal le recuerdo que siguen sin aparecer los balances mensuales del último semestre del año 2009 y al órgano legislativo lo informo de la decisión del jefe comunal de modificar sueldos sin su autorización.
Como consecuencia de los reiterados desconocimientos de la ley, como los mencionados o no dando a conocer a los contribuyentes el dictamen emitido por el auditor de la Dirección de Municipalidades y sigue la lista de infracciones, me dirigí al Defensor del Pueblo de la Nación solicitándole su intervención en favor de la transparencia cívica. Me comunicó que no tiene competencia para actuar y me aconseja, luego de agotar las instancias del Intendente y del Concejo Deliberante, plantear ante un tribunal un amparo por mora, para lo cual debería contratar un abogado. Lejos estuvo nuestro intercesor público de interpretar mi situación, planteada en la presentación, recetándome un remedio cívico y ejemplificador.
Algo hay que reconocerles a los funcionarios encargados de asesorar al intendente; la capacidad de inventiva para encuadrar, especialmente, situaciones laborales. Por el Decreto 18/2010 se encomendó al Ing. Civil Guillermo R. CASTEJÓN diversas tareas propias de un secretario de Obras Públicas. Revisé varios diccionarios jurídicos y en ninguno encontré la figura laboral de “encomendar”. En todo caso se le puede encargar una tarea, a alguien, bajo un contrato o una designación política o ¿será una nueva escala en el derrotero que debe completar quien quiera trabajar en la Municipalidad: personal “en negro”-monotributista-contratado-planta permanente? En el artículo segundo, del decreto, se dispone imputar lo encomendado a honorarios, emolumento que una vez más y contrariando todos los preceptos es un secreto de estado. Volveré a informar al Concejo de los atropellos jurídicos de la administración, esperando que este organismo adopte las medidas largamente postergadas.
Desconocimiento permanente de la ley, balances económicos escondidos, auditorías truncas, informes públicos desconocidos, contratos con vicios; son solo algunos de los logros de este gobierno municipal, que mientras tanto espera, prestando servicios parciales, la concreción de obras, que ya nos resultaron onerosas, pero que pueden resultar electoralmente rendidoras.
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