Dentro de pocos días el Concejo Deliberante de Noetinger estaría por presentar una demanda judicial contra el Intendente Municipal por supuesta malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario, según lo manifestado por los concejales en medios periodísticos.
Una decisión de alto voltaje político, con consecuencias impredecibles, y en cierta medida previsible si consideramos que el cuerpo político venía reclamando respuestas contundentes sobre el manejo de los fondos públicos las que evidentemente no resultaron convincentes.
No sería bueno quedarnos en el acontecimiento tribunalicio sin observar que hay otras causas que contribuyeron para llegar a estas instancias y que de no trabajar sobre ellas continuarán afectando la claridad de los pasos de los funcionarios.
Es necesario que se resalten y respeten las instituciones propias de una democracia y que se admita la independencia entre las diversas jurisdicciones.
Resulta llamativo el silencio del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. Organismo con tres miembros electos por el voto de los vecinos, dos por el oficialismo y uno de la fuerza política que obtenga el segundo lugar en la grilla de los resultados electorales. La Constitución de la Provincia de Córdoba y la Ley Orgánica Municipal 8102 lo consideran el órgano de control externo de la Administración Municipal. Tarea decididamente trascendente en resguardo de la integridad de las cuentas gubernamentales.
Este organismo tiene la tarea obligatoria de: revisar, visar, aprobar, dictaminar y fiscalizar todo el movimiento económico del gobierno municipal.
En columnas anteriores he sostenido que este tribunal debe dictaminar, todos los años, sobre la cuenta general de la Municipalidad, responsabilidad que se omite ininterrumpidamente, por lo menos desde la reinstalación de la democracia en el año 1983, y que marca una conducta que resta certeza a los resultados de una gestión, mientras no es debidamente observada por los concejos deliberantes, órgano receptor y evaluador primario de esta información esencial. Los únicos reclamos fueron realizados por minorías desoídas. Estos olvidos, que constituyen una falta grave, se buscan disimular en la forma completamente honorífica que se presta el servicio y muchas veces en el desconocimiento de cuestiones técnicas por parte de los responsables elegidos, ambos paliativos resultan entendibles pero sin demoras se debe recurrir a estructuras permitidas y adecuadas que garanticen informes precisos y autónomos.
El sentido común nos indica que los examinadores de los números públicos ocuparán un lugar destacado ante la posible presentación de los ediles en los estrados judiciales.
Esta falta de consideración a la tarea del cuerpo controlador de las cuentas se repite con el tratamiento brindado al presupuesto municipal, herramienta ordenadora por excelencia de cualquier institución pública que pretenda hacer gala de razonabilidad.
A través de muchos años he revisado consecuentemente el presupuesto comunal, como concejal y brindando mi opinión en las Audiencias Públicas, y es una constante la desestimación del mismo. Esta afirmación se sostiene en algunos ejemplos tradicionales y groseros. En el sub ítem Sueldos Básicos del Presupuesto de Gastos se refleja un número de agentes distinto al volcado en el anexo del cálculo general. Estos dos datos deben coincidir indefectiblemente y es una lección que se encuentra en cualquier libro de texto del pre escolar en finanzas públicas. Último ejemplo; 65 empleados contra 56 empleados. Si esto no es despreciar datos ¿cómo se llama?
Otro juego impune e interminable, con el computo anual, consiste en modificar, en el cuadro comparativo entre el año anterior y el que se encuentra en tratamiento, el número de agentes contratados en el período anterior y así blanquear la falta de autorizaciones necesarias. Tretas inadmisibles, pero permitidas.
Estas formas de actuar, enquistadas en el corazón de la administración local, es nada más que la punta de un iceberg con alta composición de soberbia que terminan por opacar gestiones valorizadas como honestas.
Por eso el mejor resultado que puede arrojar este inminente pleito, independientemente de la instancia a que se llegué, seria recuperar las instituciones descuidadas por todos los actores responsables.
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