En la provincia de Córdoba hay 3.896 edificios escolares, de los cuales 3.088 son de escuelas públicas y las restantes corresponden al área privada, mientras que 40.000 edificios se encuentran edificados en toda la Nación.
El gobierno provincial tiene, a partir de este año, una partida presupuestaria que se destina a la refacción o mantenimiento de los edificios escolares.
Los datos son oficiales y son los brindados por la ejecución presupuestaria al 30/06/2008, ultima información proporcionada por el gobierno de la provincia.
Resulta relevante conocer que nuestra provincia tiene vigente un presupuesto anual de 8.500 millones de pesos, siendo el del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 725 millones. La partida principal 12-Trabajos Públicos, de esta jurisdicción, tiene autorizado gastar un total de $ 544.403.000, de los cuales se han pagado $ 81.891.111 y se adeudan $ 100 millones, de los $ 381 millones comprometidos. Esta ecuación demuestra los graves problemas financieros que viene soportando la administración provincial.
Este Ministerio es el responsable de ejecutar el programa REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – CAPITAL E INTERIOR, identificado con el número 524, del presupuesto de la jurisdicción.
Este programa contempla un presupuesto anual de $ 60.000.000, para atender más de 3.000 establecimientos, del que se han comprometido $ 42 millones, habiendo abonado efectivamente un 17.48%, nuevamente quedan demostradas las dificultades de la provincia.
La provincia lleva, entre lo ordenado pagar y lo pagado, invertidos en reparaciones de escuelas, un 1.93 por mil, del total del presupuesto provincial. Aún si la provincia ejecutara los 60 millones, presupuestados, alcanzaría a ejecutar un 7 por mil.
Existen otras partidas llamadas Construcciones para Asistencia Social para Educación Inicial, Primario, Medio y Superior que suman otros 20 millones, en total, y que no modificarían sustancialmente el porcentaje de afectación presupuestaria. Estas construcciones están predeterminadas en el presupuesto original y supongo que dependen de influencias políticas que logren instalar la necesidad de las obras.
Tomando los 3.088 edificios de escuelas públicas y sin estimar las privadas, por ese prejuicio, en muchos casos injustos, de que son las escuelas de los “ricos”, la provincia tendría que haberle girado a cada colegio, al 30 de junio, $ 7.500,00 y estimando el total del presupuesto del programa tendrían que recibir $ 19.430,00 anuales, cada una.
Considero a las partidas presupuestarias insuficientes ante los múltiples requerimientos de imperiosa necesidad ya que en el mejor de los casos estamos hablando de un 1% del total de recursos de la provincia, ante otras asignaciones mayores y con afectaciones mucho más superfluas.
Otra problemática es la burocracia instalada, que somete a las cooperadoras a implorar por recibir una partida económica que les alivie la tarea de ser recaudadores de verdaderos impuestos adicionales (rifa, bingo, bailes, etc., etc., etc.) que les permita atender la coyuntura.
No existen administradores más honestos y eficientes que los grupos de padres constituidos en cooperadoras, conocen mejor que nadie la problemática a atender, a quienes no obstante se los podría controlar por los medios existentes al constituirlos en sociedades civiles sin fines de lucro y que, por otro lado, reciben a diario el control implacable de toda la comunidad educativa a la cual representan.
Este sencillo esquema de funcionamiento está siendo reemplazado por el tránsito de tortuosos caminos administrativos. Me pregunto; ¿no será mejor terminar con funcionarios todopoderosos o con organizaciones de dudosa ejecutividad, como las comunidades regionales, y probar nuevas alternativas?
Para pensarlo.
El gobierno provincial tiene, a partir de este año, una partida presupuestaria que se destina a la refacción o mantenimiento de los edificios escolares.
Los datos son oficiales y son los brindados por la ejecución presupuestaria al 30/06/2008, ultima información proporcionada por el gobierno de la provincia.
Resulta relevante conocer que nuestra provincia tiene vigente un presupuesto anual de 8.500 millones de pesos, siendo el del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 725 millones. La partida principal 12-Trabajos Públicos, de esta jurisdicción, tiene autorizado gastar un total de $ 544.403.000, de los cuales se han pagado $ 81.891.111 y se adeudan $ 100 millones, de los $ 381 millones comprometidos. Esta ecuación demuestra los graves problemas financieros que viene soportando la administración provincial.
Este Ministerio es el responsable de ejecutar el programa REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – CAPITAL E INTERIOR, identificado con el número 524, del presupuesto de la jurisdicción.
Este programa contempla un presupuesto anual de $ 60.000.000, para atender más de 3.000 establecimientos, del que se han comprometido $ 42 millones, habiendo abonado efectivamente un 17.48%, nuevamente quedan demostradas las dificultades de la provincia.
La provincia lleva, entre lo ordenado pagar y lo pagado, invertidos en reparaciones de escuelas, un 1.93 por mil, del total del presupuesto provincial. Aún si la provincia ejecutara los 60 millones, presupuestados, alcanzaría a ejecutar un 7 por mil.
Existen otras partidas llamadas Construcciones para Asistencia Social para Educación Inicial, Primario, Medio y Superior que suman otros 20 millones, en total, y que no modificarían sustancialmente el porcentaje de afectación presupuestaria. Estas construcciones están predeterminadas en el presupuesto original y supongo que dependen de influencias políticas que logren instalar la necesidad de las obras.
Tomando los 3.088 edificios de escuelas públicas y sin estimar las privadas, por ese prejuicio, en muchos casos injustos, de que son las escuelas de los “ricos”, la provincia tendría que haberle girado a cada colegio, al 30 de junio, $ 7.500,00 y estimando el total del presupuesto del programa tendrían que recibir $ 19.430,00 anuales, cada una.
Considero a las partidas presupuestarias insuficientes ante los múltiples requerimientos de imperiosa necesidad ya que en el mejor de los casos estamos hablando de un 1% del total de recursos de la provincia, ante otras asignaciones mayores y con afectaciones mucho más superfluas.
Otra problemática es la burocracia instalada, que somete a las cooperadoras a implorar por recibir una partida económica que les alivie la tarea de ser recaudadores de verdaderos impuestos adicionales (rifa, bingo, bailes, etc., etc., etc.) que les permita atender la coyuntura.
No existen administradores más honestos y eficientes que los grupos de padres constituidos en cooperadoras, conocen mejor que nadie la problemática a atender, a quienes no obstante se los podría controlar por los medios existentes al constituirlos en sociedades civiles sin fines de lucro y que, por otro lado, reciben a diario el control implacable de toda la comunidad educativa a la cual representan.
Este sencillo esquema de funcionamiento está siendo reemplazado por el tránsito de tortuosos caminos administrativos. Me pregunto; ¿no será mejor terminar con funcionarios todopoderosos o con organizaciones de dudosa ejecutividad, como las comunidades regionales, y probar nuevas alternativas?
Para pensarlo.
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