¿QIÉN TIENE LA CULPA?
Por Luis Sigifredo
La Municipalidad pareciera encontrarse en los últimos días embarcada en atender la problemática del tránsito, más puntualmente abocada al tema del uso del casco por parte de los conductores de motocicletas.
Nuestra municipalidad cuenta con una abundante y adecuada legislación siendo su norma rectora la ley provincial de transito que contempla a través de su articulado y reglamentación: la libertad de tránsito, como lo sostuvo la Jueza de Faltas local en el semanario Noetinger Hoy, y determina con claridad meridiana que los ocupantes de una motocicleta deben llevar cascos y, además, si la misma no tuviera parabrisas usar anteojos.
Pero debemos contemplar que los ciudadanos argentinos sentimos una preocupante desconsideración por la ley, pareciera que las normas tienen efectos proporcionales a la magnitud de nuestro lugar de residencia. El presupuesto público es ley pero “eso no tiene importancia”, la información pública debiera constituir un verdadero precepto religioso, pero como hay poca gente que le interesa no se publica, son solo algunos de los ejemplos propios de la administración pública. Los ciudadanos no le vamos en zaga vivimos permanentemente buscando el atajo, en ser los reyes de la viveza criolla, en ser nuestros mejores abogados. Así nos va.
Es indudable que el principio de solución, a tan acuciante problemática, la puede brindar el poder político, pero no se escuchó, en la última campaña política, ninguna orientación sobre que se haría con el tránsito local, es lógico, esto resta votos, y hubo algunas campañas, anteriores, que demostraron el resultado electoral que se obtenía si se informaba con claridad al respecto.
El D.E.M. ha demostrado que tiene una política permisiva en cuanto a las conductas manifestadas por los conductores; sean de motos, autos, camiones y hasta ciclistas. Se labran las actas de infracción, se determinan las multas, pero pareciera, según lo demuestran las estadísticas, que los resultados económicos no son los proporcionalmente deseados para una política punitiva acorde con la anarquía que gobierna el tránsito local.
Lo recaudado en concepto de multas (consideradas todas las actividades factibles de ser sancionadas; tránsito, bromatología, espectáculos, etc.) año 2004: un promedio mensual de $ 242.01, año 2005 $ 290.09, año 2006 $ 265.91 y año 2007 $ 217.86. Para muestra dicen que “sobra un botón”. Más pobre resulta el análisis si consideramos que la Ley Provincial determina las multas en Unidades Fijas equivalentes a un litro de nafta especial estableciendo para las infracciones leves hasta 120 UF o sea $ 300.
Se puede incorporar al mejor estratega en la materia, pero solamente habrá resultados positivos si quienes ostentan el liderazgo político priorizan la seguridad a un puñado de votos y si los ciudadanos constituidos en familia entendemos de una buena vez que si bien la Municipalidad es la responsable del orden público no es culpable de nuestra indiferencia a las conductas que deberíamos observar.
Por Luis Sigifredo
La Municipalidad pareciera encontrarse en los últimos días embarcada en atender la problemática del tránsito, más puntualmente abocada al tema del uso del casco por parte de los conductores de motocicletas.
Nuestra municipalidad cuenta con una abundante y adecuada legislación siendo su norma rectora la ley provincial de transito que contempla a través de su articulado y reglamentación: la libertad de tránsito, como lo sostuvo la Jueza de Faltas local en el semanario Noetinger Hoy, y determina con claridad meridiana que los ocupantes de una motocicleta deben llevar cascos y, además, si la misma no tuviera parabrisas usar anteojos.
Pero debemos contemplar que los ciudadanos argentinos sentimos una preocupante desconsideración por la ley, pareciera que las normas tienen efectos proporcionales a la magnitud de nuestro lugar de residencia. El presupuesto público es ley pero “eso no tiene importancia”, la información pública debiera constituir un verdadero precepto religioso, pero como hay poca gente que le interesa no se publica, son solo algunos de los ejemplos propios de la administración pública. Los ciudadanos no le vamos en zaga vivimos permanentemente buscando el atajo, en ser los reyes de la viveza criolla, en ser nuestros mejores abogados. Así nos va.
Es indudable que el principio de solución, a tan acuciante problemática, la puede brindar el poder político, pero no se escuchó, en la última campaña política, ninguna orientación sobre que se haría con el tránsito local, es lógico, esto resta votos, y hubo algunas campañas, anteriores, que demostraron el resultado electoral que se obtenía si se informaba con claridad al respecto.
El D.E.M. ha demostrado que tiene una política permisiva en cuanto a las conductas manifestadas por los conductores; sean de motos, autos, camiones y hasta ciclistas. Se labran las actas de infracción, se determinan las multas, pero pareciera, según lo demuestran las estadísticas, que los resultados económicos no son los proporcionalmente deseados para una política punitiva acorde con la anarquía que gobierna el tránsito local.
Lo recaudado en concepto de multas (consideradas todas las actividades factibles de ser sancionadas; tránsito, bromatología, espectáculos, etc.) año 2004: un promedio mensual de $ 242.01, año 2005 $ 290.09, año 2006 $ 265.91 y año 2007 $ 217.86. Para muestra dicen que “sobra un botón”. Más pobre resulta el análisis si consideramos que la Ley Provincial determina las multas en Unidades Fijas equivalentes a un litro de nafta especial estableciendo para las infracciones leves hasta 120 UF o sea $ 300.
Se puede incorporar al mejor estratega en la materia, pero solamente habrá resultados positivos si quienes ostentan el liderazgo político priorizan la seguridad a un puñado de votos y si los ciudadanos constituidos en familia entendemos de una buena vez que si bien la Municipalidad es la responsable del orden público no es culpable de nuestra indiferencia a las conductas que deberíamos observar.
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